miércoles, 29 de agosto de 2012

-> EN LA CIMA DE LA INMUNDICIA







Reportaje

EN LA CIMA DE LA INMUNDICIA

Atribuido a una “tradición familiar” por las autoridades municipales, el oficio de pepenador se ha vuelto la opción para muchos de quienes llegaron a Cancún con el sueño de trabajar en los lujosos mármoles de lujosos hoteles

Por Silvina Brizuela / Luces del Siglo
Se autoriza reproducción con crédito a la Revista y autora

Cancún, Qna. Roo., a 29 de agosto de 2012

Es la hora del desayuno en todo Cancún. Entre enjambres de moscas y montículos hediondos de desechos, separados del resto de los pepenadores, comen unos tacos de guisado Karina, Valentín y Josué.

El sol castiga y el viento arrastra un olor agrio que revuelve las tripas. Es un día cualquiera en el relleno sanitario, donde medio centenar de personas revuelve la montaña de sobras de los ricos o de los que son un poco menos pobres que ellos, para conseguir el pan de cada día.

En México existen doscientas mil personas que se dedican a la recolección y reciclaje de basura como medio de subsistencia; según estudios de Mundo Sustentable, actualmente se recicla sólo el 15% de los residuos y casi todo proviene de lo que juntan los pepenadores.

Tres historias:

- Un muchacho delgado que se hace llamar Karina llegó desde Chiapas con un sueño: trabajar en la Zona Hotelera de Cancún. Tres años después, su sueño duerme bajo una inmensa pila de basura que todos los días escarba para ganar su sustento.

- Valentín es oriundo de Chihuahua. Allí quedaron su esposa y su hija de ocho años. Cada quincena envía a su familia cada centavo que puede juntar. Nunca les contó cuál es su trabajo.

- Josué tiene dos oficios: albañil y pintor. Su esposa trabaja en una tienda comercial en el centro de Cancún y tiene una hija que cursa el segundo de primaria. La familia de su esposa lo hace a menos. Sueña con salir de la basura y volver a la construcción.

Para Karina el día comienza muy temprano; a las siete de la mañana ya está en el relleno sanitario y termina alrededor de las tres de la tarde. “Desde temprano van llegando los camiones y tiran todo el material, después pasa la maquina y uno va recogiendo lo que sirve”, dice mientras desayuna.

- ¿Alguna vez encontraste algo de valor?-, le pregunta la reportera.

- Ay… yo quisiera encontrar eso, pero no! A veces se encuentran cosas que se puedan usar, como ropa o zapatos, otras personas recogen esas cosas, pero yo me concentro en el material que se vende-, dice Karina desangelada.

-¿Qué es lo que más se junta?

- Plástico duro y pet.

- ¿Una persona cuánto puede juntar en general? ¿Cuantos kilos?

- Hay días en que no se junta nada, y los otros días, umm no sabría decirte.

- Bueno, un aproximado, 50 kilos, 100 kilos…

- umm no sabría decirte…

Valentín habla mientras juega con un cochinito de plástico que acaba de encontrar, quizás piensa llevárselo a su hija. “Ese lo está guardando para diciembre”, comenta Josué y rompe el hielo que da lugar a la plática.

Con la mirada esquiva, Valentín comenta que buscó trabajo durante un buen tiempo, pero nada salía, entonces un amigo lo invitó a trabajar en el basurero y el accedió, pensando que sería una solución temporal, le urgía mandar dinero a su esposa. Pasó año y medio desde ése día.

-¿Qué recuerdas de ese primer día?

Valentín no los piensa para responder:

- Qué todo me daba asco. No sabía nada todavía, ni por dónde empezar. Vinimos con un amigo directamente aquí porque en la ciudad no lo dejan a uno. Recolecté, pero no saqué mucho.

- Josué, tienes un nombre bíblico…

- Un nombre bíblico, gracias a Dios, responde de inmediato el tercero.

-¿Cuánto tiempo llevas aquí Josué?

- Tengo cinco meses aquí, pero este trabajo no era lo que esperaba. Yo tengo oficios: soy albañil y pintor, pero no se consigue, o haces un trabajo y te quedan a deber, pagan la mitad y luego ya no te pagan. Por lo menos aquí algo sacamos. Empezando no haces ni 50 pesos en el día, pero poco a poco vas agarrando el ritmo.

El albañil devenido en pepenador cuenta que la familia de su mujer le reclama que ya no pueda darle buen dinero a su esposa, “antes por semana le daba buen dinero, pero ahora poco le puedo dar, y con una niña en la escuela... Ella trabaja bien, en una tienda grande. La suegra a veces te quiere rebajar, pero a ver qué día abandonamos éste lugarcito”.

- ¿Que es lo más duro de este trabajo?

- Es muy difícil soportar esto, sobretodo los primeros días. No es pesado, pero la suciedad es algo difícil de soportar. Y cuando llueve es peor, los olores, por eso hay gente que viene uno o dos días y no aguanta.

Valentín coincide con Josué: el aspecto más difícil, lo que más le ha costado, es lidiar con la mugre. “Cuando entras todo te da asco, después te acostumbras, ni modo, tengo una niña de ocho años y tengo que mandar dinero”.

Karina no se preocupa por el qué dirán: “Estoy sola aquí, no tengo a quien darle explicaciones”, dice sonriente.

Pregunta incómoda. Cuando la reportera quiso saber cuánto puede ganar un pepenador en un buen día, se produjo el silencio que antes había provocado la pregunta sobre la cantidad de kilos que junta cada uno.

En aquella montaña apocalíptica parece que son preguntas con respuestas prohibidas o ignoradas. Estas personas que arriesgan su integridad física y su salud desconocen en base a qué se calcula su magro jornal.

Valentín dice que no sabe, que las mismas personas que recogen el material lo pesan, pero no saben cuánto sacan diario.

Karina mira de reojo a su supervisor y responde: “No podría decirle porque a veces me voy temprano…como setescientos por semana.

Una vida pepenando. “La vida de un pepenador en el relleno sanitario realmente es lo más controvertida y crítica que puede tener una persona”, define Don Luna, quien es pepenador desde el año 1988 y reside en la zona del actual relleno sanitario.

- ¿Cómo fue su vida con este trabajo?

- Un pepenador está en constante insalubridad, corre riesgo como lo que tengo yo, manchas, contagios de los productos que tienen los líquidos de la basura, y encima, ahora los que tienen la concesión pagan una miseria a los recolectores. Pagan 1.20 el kilo, ellos lo venden a 3.20 a 3.50, además sufren maltratos. Yo estuve 4 meses en este relleno, yo junté un grupo de 28 gentes y yo vendía lo que se recolectaba y les pagaba a ellos, claro que mucho más que lo que pagan ahora, pero por eso me corrieron.

- ¿Cómo empezó a pepenar?

- Empecé a pepenar después del huracán Gilberto, iba a la playa y juntaba latas, bolsas y las vendía en forma particular, luego ya no permitieron hacerlo, yo entiendo que es por el turismo, pero a la vez, de esa forma se mantenían limpias las playas. Después seguí haciéndolo por las calles, que es más limpio, es más salubre y ahorita es lo que estoy haciendo, yo en mi triciclo, levanto entre 60 y 70 kilos y lo vendo en las recicladoras. Me pagan 2, 50 y a 3,00 pesos el kilo.

- ¿Alguna vez encontró algo valioso?

- Quizás algún celular que tiran, alguna cadenita de plata, pero realmente de mucho valor nada.

- ¿Usted estudió?

- La primaria y cuando estuve en el Ejército hice el secundario.

- ¿Cuántos hijos tuvo?

- Cinco. Ya todos están grandes, yo vivo solo. Gracias a Dios ninguno de mis hijos es pepenador, pude darles estudio y todos trabajan. Uno siempre quiere que los hijos vivan mejor que uno, que lleguen más lejos. Aunque éste es un trabajo honrado, peor es andar delinquiendo por ahí.

- ¿Cuánto puede recolectar una persona diario?

- Hay pepenadores muy buenos que se recogen 200 kilos, 250 kilos diarios, pero es una matada. Un promedio sería 150 kilos. Nosotros sabemos porque sacábamos lo recolectado y lo vendíamos por nuestra cuenta, pero ya no nos permiten, eso no les conviene. Hay muchos intereses.

Guía oficial. “Estamos parados y aquí abajo hay un mundo de basura”, grafica Antonio Ávila, coordinador de SIRESOL, quien oficia de “guía” en la visita de Luces del Siglo al relleno sanitario, que en pocos meses estará clausurado.

- ¿Cuándo llega el momento que se dice… ya está a ésta montaña de basura?

- Se puede llegar hasta el cielo, pero conforme va creciendo hacia arriba se va haciendo más complicada la operación. La idea es terminar la actividad aquí en diciembre y comenzar en el nuevo terreno destinado para tal fin, lo que será ya no un relleno sanitario, sino un parque de tecnologías.

- ¿Y qué pasa con la montaña que queda?

- Luego se reforesta, se plantan arbolitos para integrar este espacio a la naturaleza y se aprovecha el biogás.

Ávila describe la operatividad y el tratamiento de la basura como si fuera un trabajo del primer mundo, lejos, muy lejos de los testimonios de los vecinos que sufren calladamente la tragedia de vivir junto a un gigante que expele líquidos nauseabundos hacia sus pozos de aguas, quienes sufren los olores fétidos día y noche y aseguran que el aprovechamiento del biogás en el relleno Norte es una mentira.

Según el coordinador de SIRESOL, con las nuevas disposiciones se puso orden sobre muchos aspectos, por ejemplo, el tema de la entrada. “Antes entraba cualquiera y eso generaba problemas, descontrol, algunos tomaban, se drogaban, ahora si no estás autorizado no pasas. Además, se puso orden en la báscula porque había muchas fugas, pero ya se ajustó”, asegura.

Durante la tarde llegan los camiones de la empresa “Y dijo mi mamá que siempre no” que ganó la licitación para comprar el material a la pepena, propiedad del abogado Gabino-Andrade, según el coordinador de Siresol en el relleno, que detalla que los materiales se pesan a la entrada y de esa forma se sabe cuánto material reciclable sale del basurero; pero resultó un misterio saber cómo pesan los pepenadores el material de su recolección personal, porque en la cima de la montaña, donde se carga la jaula (como le llaman a estos vehículos) no hay balanza, así que el cálculo de los kilos que junta cada trabajador, y que sirve para el registro que devengará en su pago semanal, se hace a “ojo de buen cubero”.

El grave problema social que evidencia las condiciones laborales de éstas personas y las historias de sus vidas, es imposible de ocultar y duele, aunque los coordinadores de SIRESOL denominen al insalubre y mal pagado trabajo de recolección de basura una “tradición familiar”. “Aquí llegan abuelitos, hijos, nietos de pepenadores, que van “heredando” la actividad, eso sí, todos mayores de edad”, aseguran los funcionarios.
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lunes, 27 de agosto de 2012

-> EXIGEN INICIATIVA FUNCIONAL CONTRA ADICCIONES EN QUINTANA ROO







Reportaje

EXIGEN INICIATIVA FUNCIONAL CONTRA ADICCIONES EN QUINTANA ROO

Especialistas de salud, abogados e integrantes de centros de readaptación piden al Congreso estatal aprobar una Ley pero sin parches, ni improvisaciones; que no se dupliquen funciones y sí se atienda de forma integral el problema multifactorial

Por Isela Serrano / Luces del Siglo
Se autoriza reproducción con crédito a la Revista y autora

Cancún, Qna. Roo., a 27 de agosto de 2012

Como esclavos del siglo XXI, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y ancianos caminan pegados al cemento; hay otros de experiencias ocasionales que espolvean su nariz en fiestas, yates o azoteas y disfrutan otras sustancias que prometen paliar el desencanto, la frustración, la soledad, la pobreza y brindar la felicidad.

El problema no es sencillo. La Encuesta Nacional de Adicciones 2008, reveló un incremento considerable en el consumo de mariguana, cocaína y otras drogas médicas en el que Quintana Roo se ubica a la cabeza nacional en el consumo de sustancias prohibidas.

A partir del 21 de agosto, la procuraduría debió comenzar a investigar y sancionar el narcomenudeo. De acuerdo con declaraciones de Armando García Torres, procurador general de Justicia, este delito se atenderá con la creación de dos fiscalías ubicadas en Chetumal y Cancún; cada una con 18 empleados; 10 elementos de la comandancia de policía judicial, tres Ministerios Públicos, 3 oficiales secretarios y 2 peritos en química y criminalística.

Iniciativa. El 7 de febrero de este año, el gobernador Roberto Borge Angulo, envió a la XIII Legislatura la propuesta de “Ley para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones del Estado de Quintana Roo” que propone la creación de un Centro Estatal para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones.

La iniciativa busca que este Centro sea desconcentrado de la administración Pública y sectorizado a los servicios estatales de Salud. Al frente de él estaría un coordinador general nombrado por el titular del poder ejecutivo, habría una subsecretaría de Prevención y Tratamiento de Adicciones y Reinserción Social, una Subdirección de información y Evaluación, una Subdirección Administrativa y las demás Unidades Administrativas necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones.

En la exposición de motivos puede leerse que, “el derecho a la protección de la salud es una garantía social consagrada en el Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (…) Uno de los propósitos de la presente administración es “la modernización integral y adecuación permanente del marco jurídico que rige la acción de gobierno, orientada con un sentido humano y de visión a largo plazo, para satisfacer las necesidades y expectativas de la población”.

Los expertos. Con la participación del Colegio de psiquiatras, sicólogos, asociaciones solidarias, centros de atención juvenil, policías, autoridades de salud y legisladores, se realizó en Cancún el Foro para analizar el proyecto de Ley para la Prevención y Tratamiento de Adicciones para el estado de Quintana Roo. Se espera que la iniciativa sea aprobaba en el próximo periodo de sesiones que inicia en el mes de septiembre.

El psiquiatra Enrique Avilés, presidente de la Asociación de Médicos de Quintana Roo, reconoció que es muy favorable que el ejecutivo estatal considere la necesidad de proponer una Ley que reglamente la prevención y sea inaplazable la atención a los problemas vinculados con el comportamiento adictivo; sin embargo, avizoró que el esfuerzo tendrá un pobre resultado si no se contextualiza dentro de la problemática de la Salud Mental de la entidad.

Quintana Roo cuenta con ocho centros Nueva Vida. Durante el evento, el especialista habló de la urgente necesidad de crear un Hospital Psiquiátrico donde también podrían atenderse asuntos relacionados con las adicciones, y no sólo crear más instancias; ya que actualmente existen instituciones que trabajan en este rubro y operan con muchas deficiencias.

“Todo problema de adicción, sin excepción ha de estudiarse y atenderse desde una visión transdisciplinaria y no bajo la perspectiva binaria causa-efecto, es un problema médico-psicológico y social”, dijo y aseguró que crear una Ley de Prevención de Adicciones, sin vincularla con la Ley de Salud Mental es un ejercicio, si no estéril, sí muy miope.

¿Cómo se espera que las Unidades de Especialidades Médicas trabajen a toda su capacidad si sus plantillas están incompletas? ¿Cómo es posible exigir a los Centro de Integración Juvenil resultados mayores de los que dan si sus tratamientos sólo son ambulatorios y no tienen especialistas que vean el resto de patologías mentales y médicas?

El resumen del médico psiquiatra sobre la propuesta de Ley: es una intención buena, de visión miope, con un esfuerzo descontextualizado que no podría tener resultados inconsistentes.

Al tomar la palabra, el abogado Miguel Angel Pech, lamentó:

“Es muy importante participar en este tipo de foros, aunque en la mayoría de las ocasiones sólo sea para barnizar y legalizar las acciones legislativas y en otras para que nuestros comentarios y esfuerzos ni siquiera sean tomados en cuenta, ya que ante el barniz de estos foros, las mayorías de las fuerzas legislativas en el H. Congreso sólo aprueban ‘en consenso’ las órdenes del Ejecutivo”, relató.

Ex juez penal en Cancún, ex Subprocurador General de Justicia de Quintana Roo y actual Coordinador de la Escuela de Derecho de la Universidad, La Salle Cancún, Pech calificó la iniciativa como una labor “sencilla para salir de compromisos” pero “carente de técnica legislativa”.

Aseguró que ésta iniciativa llega tarde, pues debió incluirse en la reforma efectuada el 9 de agosto de 2010 para que a estas alturas ya operara el centro de readaptación.

Y advirtió: “Si queremos atacar frontalmente el problema urge una reforma para adicionar la Ley orgánica de la Administración Pública y crear a nivel de subsecretaria lo concerniente a las adicciones, y no sólo a nivel Jefatura como el actual departamento de Salud mental y de adicciones”.

Mencionó que hasta ahora el proyecto de ley sólo contempla la prevención y muy discretamente aborda el tema de tratamientos y olvida la reinserción social.

Durante el Foro al que acudieron casi 300 especialistas, el abogado propuso incluir en la ley que si un servidor público no cumple con sus labores y pone en riesgo la salud de alguna persona con problemas de adicciones se le imponga una multa de 50 a 500 días de salario mínimo.

Ya en entrevista con este semanario, el abogado advierte que la designación del titular del Centro, si bien es facultad del ejecutivo estatal, el documento no incluye los requisitos ni perfiles para su designación. Por lo tanto, “un ‘dedazo’ de un amigo que poco tenga que ver en el tema puede generar que sea el director”.

Agridulce. La psiquiatra María Isabel Kuthy indicó que la propuesta de Ley genera un sabor “agridulce”. Quintana Roo cuenta con 18 psiquiatras, recientemente llegaron cuatro especialistas más con interés de trabajar en el sector salud pero les fue negada una plaza, por falta de presupuesto.

Esta problemática requiere continuidad, pero los proyectos sólo abarcan periodos vinculados con los tiempos políticos y existe el riesgo de que lo ganado se pierda.

El psiquiatra Jorge Morales comentó que en toda la república sólo cinco estados carecen de Hospital Psiquiátrico, entre ellos Quintana Roo, siendo el único de la península de Yucatán que no posee este servicio para su población. ¿Para qué se quiere duplicar funciones si lo que hacen falta son fármacos, camillas y especialistas para atender a la población?, inquirió.

La abogada Amaya Renovales, vinculada a temas de prevención de Derechos Humanos, destacó que, de acuerdo con el Laboratorio de Violencia de la Universidad del Caribe, el estado ocupa los nada honrosas primeros lugares a nivel nacional en; vivienda sin energía, primer lugar; casas con hacinamiento, cuarto lugar; homicidios cometidos a mujeres, quinto lugar; suicidios, primer lugar y consumo de alcohol, primer lugar.

Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), dijo, hay 80 mil jóvenes, de los cuales, 40 mil no cuentan con educación escolar; hay 244 pandillas y uno de cada cuatro embarazos se da en mujeres adolescentes.

Se pronunció por atender urgentemente el problema a través de centros de atención gratuita y comisiones internas de prevención en las escuelas. Además se pronunció por no llamar “adicto” a una persona “enferma” o “con dependencia a”.

Por su parte, Teresita Cruz Moreno, coordinadora del programa de adicciones de la Jurisdicción Sanitaria número 2, aseguró que la iniciativa de abrir centros con un cobro simbólico es buena, siempre y cuado se cumpla con los objetivos y atienda el problema de forma integral, de lo contrario se convertirá en un “elefante blanco”.

Mencionó la importancia de la ubicación de la clínica y las vías de comunicación de las que disponga y no perder de vista que los adictos son pacientes que sufren, son personas con una enfermedad del alma, del espíritu y la mente.

La investigadora Marisol Vanegas, de Redes Turismo, habló del vínculo entre violencia y adicciones. Recordó que 46 por ciento de los estudiantes refieren vivir situaciones de violencia, 25 por ciento consumen alcohol, 25 por ciento sustancias tóxicas.

Alejandro Javier Omaña, representante de Seguridad Pública municipal, recordó que el 90 por ciento de los detenidos se encuentran bajo el influjo del alcohol o las drogas.

Tanya Galicia González, supervisora del Centro de Atención a Menores (CAMI) expuso que actualmente el 80 por ciento de los jóvenes que acuden a rehabilitación vuelven a caer en las drogas. Indicó que de enero a julio de este año fueron detenidos 910 menores que son atendidos únicamente por tres psicólogos.

Se pronunció por no abrir otro centro de adicciones, sino reforzar los que ya existen con infraestructura y personal y de ser posible, resguardar a los jóvenes temporalmente para evitar regresen al mismo entorno social de alto riesgo.

La defensora de Derechos Humanos, Rosa María Márquez Pérez, lamentó que para abordar una problemática multifactorial, las autoridades de salud y otros funcionarios hayan abandonado el foro. Pidió aclarar cuántos recursos dispone el estado para la creación de dicho Centro de Atención, de lo contrario todo sería irreal.

Por su parte, Eduardo Espinosa Abuxapqui, presidente de la mesa directiva del Congreso aclaró que la iniciativa busca conocer la voz ciudadana de los expertos y una vez que se integren los comentarios de ellos será necesario que vuelvan a reunirse para perfeccionar “un documento tan complicado”.

Aseguró que existe compromiso de la legislatura XIII para seguir dando los toques finales y retomar el tema el 5 de septiembre que inicia el próximo periodo ordinario de sesiones.

Expertos en salud y derecho urgen a atender el problema de manera integral que día a día cobra más víctimas. Los próximos foros se llevarán a cabo el 29 de agosto en el Hospital General de Playa del Carmen y el 30 de agosto en Chetumal.
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sábado, 25 de agosto de 2012

-> EDUCACIÓN, BENEFICIO DE LA DUDA











EDUCACIÓN, BENEFICIO DE LA DUDA

Por Renato Consuegra / *

México, D. F., a 25 de agosto de 2012

Entre 1972 y 1976 hubo una relajación de la educación oficial del gobierno mexicano. El método tradicional de enseñanza a partir de los Libros de Texto Gratuitos que entrega su Comisión Nacional (Conaliteg) a los niños mexicanos, comenzó a sufrir reformas educativas propuestas por el entonces Presidente Luis Echeverría, donde suprimieron, entre otros, la materia de Civismo.

La carencia de esta materia, entre otras, conllevó un cambio de actitud en los jóvenes hoy menores a los 38 años. Se perdieron los valores. Hoy lo vemos todos los días en las calles. Priva el primero yo, después yo y al último yo: el agandalle. Las mujeres, ancianos y niños resienten también la nueva actitud, se acabó el respeto, mal llamado “caballerosidad”.

Ante la avalancha de jóvenes involucrados en el crimen organizado y la larga lista de asesinatos, el 26 de febrero de 2008 el actual gobierno anunció que se volvería a impartir las clases de formación cívica y ética para recuperar los valores y formar mejores ciudadanos. “Queremos que este aprendizaje les ayude a ejercer su libertad con mayor responsabilidad y a conducirse con honestidad y apego a la legalidad, que es condición indispensable para vivir en paz y prosperar”, afirmó la entonces Secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota.

Entre los beneficios estaría la formación de alumnos con “sentido de justicia y solidaridad (…) más tolerantes” y dispuestos a “respetar otras formas de pensar, a mirar la pluralidad no como una amenaza, sino como la gran fortaleza de nuestro país”, así como “fortalecer una cultura de la paz y de la prevención”, además de “desarrollar y fortalecer la identidad” de los menores y “su amor y orgullo por México”. El resultado aún está por verse. Apenas lleva cuatro años de implantación.

En medio de esta situación que afecta a la educación, el pasado lunes fue anunciado por el actual Secretario de Educación Pública, José Ángel Córdoba Villalobos, que ya no habrá boletas como tal y ahora las promociones van a ser a partir de cartillas evaluativas, para evitar la reprobación de los alumnos en cada una de las cuatro distintas etapas en las cuales se compone el nuevo sistema de educación básica universal, que comprende hasta la escuela secundaria.

Los integrantes del Magisterio nacional realizarán una evaluación, dando un pase o aprobación del ciclo escolar en los dos primeros años de cada etapa, y será en el tercer año cuando, en consenso con los padres, decidirán si el alumno es promovido o no. Es decir, que si el padre de familia dice que no se repruebe, no se reprueba; en cambio, si dice que lo repruebe, debe hacer una carta de responsabilidad ante la escuela.

Sin duda alguna, la idea es comprometer aún más a los miembros del magisterio como a los padres en la educación de los jóvenes, ya que a los primeros les dejan la carga de la promoción, mientras que los segundos les contará como una forma de incrementar sus ingresos por carrera magisterial.

El gran tema es que el nuevo método que aplicará por primera ocasión a nivel general, a pesar de que aparentemente comenzó a funcionar hace dos años en preescolar y el pasado en la secundaria, hoy ni los propios maestros y mucho menos los padres conocen totalmente sus beneficios. Mucho menos sus perjuicios.

El gran problema será que muy probablemente se continúe con la relajación en la educación que ya fue citada al inicio, debido a que la gran mayoría de los padres en México tiene una falsa percepción de los que es el amor a los hijos, confundida con sobreprotección. De tal forma que ningún padre querrá hijos no acreditados para continuar sus estudios y prometerán trabajar más, llevarlos a cursos de regularización e, incluso, desvelarse con ellos, con tal de que no reprueben.

Ni qué decir de los gastos que implica para las familias la manutención de un hijo recursando un año de escuela. Terrible para los mentores porque cómo van a querer en segundo, por ejemplo, a un niño que no sabe bien las vocales. Si tuviéramos grupos donde se les puede dar atención especial, posiblemente, pero con grupos de 40 a 60 alumnos, difícil.

Hoy los propios maestros desconocen, por ejemplo, las tarjetas evaluativas. Al realizar un sondeo, varios denunciaron la existencia de muchas lagunas. “Fueron sólo embarradas…”, lo que les dieron en los cursos de actualización.

Sin embargo, no queda más que otorgar el beneficio de la duda al actual gobierno y su reforma educativa y esperar que el siguiente la fortalezca, de lo contrario, continuaremos en el tobogán como país, a partir de la carencia de una educación que realmente ayude a transformar a la sociedad mexicana.


E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. Esta columna es publicada en el sitio http://www.ricardoaleman.com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra
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martes, 21 de agosto de 2012

-> GUERRA EN LAS ALTURAS











GUERRA EN LAS ALTURAS

Por Renato Consuegra / *

México, D. F., a 21 de agosto de 2012

Las revelaciones realizadas el pasado sábado por el presidente Felipe Calderón abren paso a probables certezas sobre los ataques hacia funcionarios de su gobierno por parte de grupos del crimen organizado vinculados con la política o de la política, utilizando instrumentos del crimen organizado.

Y no puede ser de otra forma. Los grandes crímenes ocurridos a miembros prominentes y otros no tanto de la clase política, sólo pueden ser crímenes ordenados por la propia clase política, pero ejecutados por delincuentes.

Tal guerra por el poder entre la clase política es precisamente la que tiene al país en un estado de crispación, estancamiento, desasosiego e inmovilidad, que le impide avanzar con la velocidad que sus ciudadanos requieren para forjar un mejor México, porque la pirámide se encuentra dañada y los de abajo no han podido sacudirse el control de los de arriba.

Crímenes políticos siempre hubo en México. De hecho así fue como se trasladaron el poder los generales tras la revolución de 1910, hasta que el Partido Nacional Revolucionario creado por Plutarco Elías Calles tras el asesinato de Álvaro Obregón, propició la institucionalización de la política y se logró la alternancia acordada entre los grupos y caudillos dentro de un partido.

Pero desde que se acrecentó la lucha por el poder en los últimos 25 años y los vínculos de la política y el crimen organizado fueron más visibles, la matanza de personajes de la vida pública ha ido en aumento.

No quiere decir que no los hubiera, pero éstos se ubicaban preponderantemente a niveles regionales, donde son peleados los cacicazgos políticos y económicos que provocan luchas, incluso, entre familiares.

Desde 1988 hubo crímenes impunes, asesinatos destacados como accidentes o justicia aplicada a chivos expiatorios para saldar las muertes de Francisco Javier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez, cercanos colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988; de Manuel de Jesús Clouthier, quien murió junto con el diputado Javier Calvo Manrique el 1 de octubre de 1989, prensados por trailers cerca de Culiacán.

Del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993, acribillado por una pandilla en el aeropuerto de Guadalajara; del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, asesinado durante su gira proselitista en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994; del diputado José Francisco Ruiz Massieu, ultimado en el centro de la ciudad de México el 28 de septiembre de 1994.

Del senador José Ángel Conchello Dávila, quien murió el 4 de agosto de 1998, cuando la camioneta en que viajaba fue embestida por un tráiler en la carretera México-Querétaro; del gobernador de Colima, Gustavo Alberto Vázquez Montes en un accidente de helicóptero el 25 de febrero de 2005; de Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox, muerto tras la caída del helicóptero donde viajaba el 21 de septiembre de 2005; de Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador de Tamaulipas asesinado el 28 de junio de 2010.

El presidente Felipe Calderón sufrió la baja de tres de sus más cercanos colaboradores en accidentes aéreos: el Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el secretario técnico para la implementación de las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal, José Luis Santiago Vasconcelos, en el avión que cayó en el poniente de la ciudad de México el 4 de noviembre de 2008 y tres años después, el 11 de noviembre de 2011, José Francisco Blake Mora, también Secretario de Gobernación, en otro accidente de helicóptero en Temamatla, estado de México.

El presidente Calderón reveló en marzo de 2007, pocos meses después de haber asumido el Poder Ejecutivo, haber sido víctima de amenazas por emprender la lucha contra el narcotráfico, versión que volvió a recordar durante su fiesta de cumpleaños y fue la nota principal de varios diarios este domingo.

Felipe Calderón le debe a México una explicación de lo que ocurrió durante su sexenio. Del por qué en los meses de la transición de gobierno en 2006, se olvidó de su principal apuesta durante la campaña que fue la promoción del empleo e inició una guerra contra el narcotráfico, una guerra que se libró en las alturas… de la política.


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(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. Esta columna es publicada en el sitio http://www.ricardoaleman.com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra
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-> NIEGAN PARQUE EÓLICO DE COZUMEL, ESPERAN ACTUACIÓN DE LA PROFEPA






Reportaje

NIEGAN PARQUE EÓLICO DE COZUMEL, ESPERAN ACTUACIÓN DE LA PROFEPA

El predio de 6 mil hectáreas donde se efectuaría el proyecto que fue negado por la Semarnat, deberá ser devuelto por México Power Group al Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) de Quintana Roo

Por Isela Serrano / Luces del Siglo
Se autoriza reproducción con crédito a la Revista y autora

Cancún, Qna. Roo., a 21 de agosto de 2012

Lor inconsistencias y violaciones al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización del Parque Eólico de Cozumel, proyecto que pretendía instalar 114 aerogeneradores en la isla.

“Nadie presiona a la Semarnat. No tenemos ningún tipo de compromiso. Quizá desde el punto de vista de generación de energía, el proyecto haya sido buenísimo, pero desde el ambiental no lo era, o no se acreditó que pudiera serlo; en ese sentido no podía ser autorizado”, advirtió la delegada Gabriela Lima Laurents.

La funcionaria explicó que durante la evaluación realizada por la dirección de Impacto y Riesgo Ambiental, desconcentrada de la Semarnat, se detectó que la zona a impactar está regulada por el POEL que prohíbe la instalación de infraestructura para generar y conducir energía eléctrica, además de que el programa restringe el corte, tala, quema y remoción de vegetación natural, y hubiera afectado un sitio Ramsar, denominado 1921, de manglares y humedales.

A esto se suma que la compañía promovente no presentó la vinculación de la Norma 022 con el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, ni sustentó que los aerogenerados no propiciarían que una o más especies, algunas incluidas en la NOM-059, fueran declaradas en peligros de extinción.

También presentó impresiones e inconsistencias en la descripción que impidió a la autoridad ambiental conocer las dimensiones, ubicación y alcance del Parque Eólico.

La delegada aclaró a Luces del Siglo que la firma México Power Group está en su legítimo derecho de presentar nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); sin embargo, la firma deberá considerarse que las prohibiciones de los ordenamientos no son posibles de compensar.

“Cuando hay una prohibición ¿cómo le vas a hacer? Tendrías que decir ‘no vamos a retirar o vamos a hacer de tal ó cual manera las estructuras’. Si hay una prohibición expresa en ese sentido, se tendría que volver a negar (la autorización)”, sostuvo.

Mencionó que es muy importante que la ciudadanía de Quintana Roo sepa si se presenta un proyecto no significa que la Semarnat lo autorice; sino que está sujeto a evaluación, precisó.

“Hubo muchos comunicados, manifestaciones, solicitudes y cartas. Parecía que se daba por hecho que el Parque Eólico de Cozumel se iba a autorizar. Precisamente el trabajo de la dependencia es determinar si es ó no viable dentro de los ordenamientos aprobados por el municipio”, dijo. Mencionó que la ciudadanía puede sentirse confiada de que la autoridad ambiental actuará.

Inicia tiempo de rescisión del contrato…

Luces del Siglo reveló, en su edición 465, un contrato de Usufructo celebrado entre Claudia Romanillos Villanueva, en carácter de directora general del IPAE y los señores John Douglas Prock Barron y Adolfo González Espinosa, representantes de la compañía México Power Group; quienes constituyeron una sociedad anónima de capital variable para la operación del Parque Eólico.

El documento, firmado el 29 de septiembre de 2011, establece que la empresa debía iniciar las obras de construcción en un plazo máximo de 180 días posteriores a la fecha en la que obtuviera las autorizaciones; sin embargo, dada la negativa de la Semarnat, inicia el tiempo de rescisión del contrato.

La Cláusula Décima Tercera. Rescisión, inciso (III) establece: “El requerimiento de devolución de la posesión de los inmuebles y el plazo en el que deberá hacerlo, no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del requerimiento de devolución, para que el usufructuario realice la entrega de los mismos”.

El documento, de 24 hojas, estipula que “transcurrido dicho plazo, e independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer, consiente y autoriza que el IPAE entre en posesión inmediata de los mismos y renuncia expresamente al ejercicio de cualquier acción penal, civil o de cualquier otra naturaleza contra el IPAE, sus representantes, apoderados, funcionarios, servidores públicos y, en general de cualquiera de sus empleados por tal situación”.

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), comandada por Guy Adrián Piña Herrera, delegado en Quintana Roo, deberá responder ante las denuncias interpuestas contra la empresa, que colocó torres de monitoreo y abrió caminos sin contar con las autorizaciones correspondientes y sí efectuar cambios de uso de suelo sin autorización, máxime tratándose de terrenos forestales con especies protegidas.

Otro polémico proyecto

La delegada de la Semarnat, puntualizó sobre el proyecto del Dragon Mart, Cancún: “No tenemos conocimiento del tema. Según lo que se ha manifestado, el proyecto se realizaría sobre un terreno de sascabera; éstos son zonas ya impactadas y como tales, requieren la autorización no del gobierno federal, sino del gobierno del estado.

“La empresa china no nos ha consultado en la Semarnat”, manifestó. Una persona aparentemente que sabe donde se va a realizar el proyecto me informó del sitio, en ese caso, al ser zonas impactadas, la Semarnat no tendría ingerencia.

APUNTE: La delegada Gabriela Lima Laurents confirmó que la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la autorización del “Parque Eólico de Cozumel”, fue analizada y rechazada por las oficinas centrales de la dependencia a la compañía México Power Group.

FRASE: “Hay negociaciones privadas. No tenemos ingerencia en ellas. Ni las conocemos. Eso es algo que la empresa tendría que ver con el gobierno del estado. Nosotros nos sujetamos a los ordenamientos que la Ley nos obliga a tomar en cuenta para emitir un resolutivo”: Gabriela Lima Lautents al referirse al contrato firmado entre México Power Group con el IPAE.
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lunes, 20 de agosto de 2012

-> RESTRINGEN MINISTROS FUERO MILITAR









Reportaje

RESTRINGEN MINISTROS FUERO MILITAR

En los tribunales federales aguarda a la espera de resolución una nutrida lista de asuntos en que militares son enjuiciados por cometer delitos contra civiles

Por Agustín Ambriz / Luces del Siglo
Se autoriza reproducción con crédito a la Revista y el autor

Cancún, Qna. Roo., a 20 de agosto de 2012

Los primeros casos de abusos de militares contra civiles, dentro de la controvertida participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública, metieron en un serio brete jurídico a tribunales federales y estatales que deberán juzgar a oficiales y elementos del ejército involucrados en delitos del orden federal.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo camino al andar en este escabroso tema al atraer y resolver diversos juicios que implican a personal castrense en abominables hechos, como tortura, asesinato y fabricación de pruebas contra civiles.

Han sido 15 días de intensas deliberaciones entre los ministros del pleno, que se vieron obligados a escudriñar la interpretación del artículo 13 constitucional, relativo al fuero de guerra y su restringida aplicación a la disciplina militar.

De esa manera, si un elemento de las fuerzas armadas que está fuera de servicio comete algún delito contra personas ajenas al Ejército, debe ser juzgado por la autoridad civil, no por la militar.

El tema se abordó con la discusión del conflicto competencial 38/2012 suscitado entre el Juzgado Quinto del Estado de Morelos y el Juzgado Quinto Militar, adscrito a la primera región militar.

Dicho asunto, cuyo estudio estuvo a cargo de la ministra Olga María Sánchez Cordero, deriva de una causa penal instruida en contra de un alto mando militar por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia contra las personas, causando homicidio calificado, en su calidad de encubridor de primera clase.

Los antecedentes de este asunto ponen de manifiesto que el día primero de mayo del año dos mil once, cuando se encontraba el civil, hoy extinto, en las instalaciones del Vigésimo Primer Batallón de Infantería, ubicado en Cuernavaca, Morelos, presumiblemente fue torturado por dos tenientes de infantería, perdiendo la vida como consecuencia de esto.

De los hechos fue plenamente informado el subcomandante del Vigésimo Primer Batallón de Infantería, quien aunque en ese momento estaba fuera de servicio dio la orden de tirar el cuerpo del occiso.

“Con motivo de dicha orden, expuso la ministra ponente, subieron al occiso a una camioneta para sacarlo de las instalaciones de este batallón de infantería, y se trasladaron a la carretera que va hacia el poblado de Cuautla y Yecapixtla, donde al llegar a un tramo boscoso y despoblado, escarbaron una fosa, y tres oficiales bajaron el cuerpo del citado civil, depositándolo para echarle tierra encima”.

De estos hechos tocó conocer en primera instancia al Juzgado Quinto Militar, el cual al deslindar responsabilidades consideró que la participación del subcomandante del Vigésimo Primer Batallón de Infantería, se dio cuando este estaba fuera de servicio y por lo tanto competía a la justicia ordinaria proceder en contra del militar.

Fue así que el asunto llegó a Juzgado Quinto del Estado de Morelos, el cual también se declaró incompetente para conocer del caso.

Se activó así el conflicto de competencias que por orden de turno toco conocer a la ministra Sánchez Cordero, cuyo proyecto propuso que el asunto fuera remitido al juez penal del Estado de Morelos en turno.

“En las relatadas condiciones -esgrimió la ponente durante la sesión del lunes 6 de agosto- en el proyecto se concluye que si el delito que se le atribuye al hoy indiciado no fue cometido cuando éste se encontraba en servicio o en desempeño de sus actividades como Coronel de Infantería, la jurisdicción para conocer del mismo, radica en el fuero común y por ende, se estima que la competencia por razón de fuero, debe ser declinada al juez penal del Estado de Morelos en turno, para continuar el conocimiento de la causa penal”.

No todos sus compañeros del pleno estuvieron de acuerdo con el sentido del proyecto, por lo que la discusión fue abundante y requirió de tres días de sesiones.

El primer punto de discusión entre los ministros se centró en clarificar si realmente había o no conflicto de competencias, dado que en el caso concreto no había surgido de la natural confrontación entre juzgados o tribunales por la competencia de un asunto.

Por el contrario, aquí tanto el juzgado militar como el juzgado ordinario del estado de Morelos simplemente declinaron su competencia, sin ningún efecto vinculatorio que los obligara a actuar al respecto.

- A mi me parece que no hay conflicto competencial -, soltó la ministra Margarita Luna Ramos y su duda fue compartida por otros de sus compañeros que se unieron a sus argumentos.

Después de horas de deliberaciones, el ministro José Ramón Cossio Díaz puso hielo a la discusión al sostener que ciertamente no era un conflicto de competencia jurisdiccional pero sí un conflicto de competencia constitucional.

- Lo que se le está planteando aquí a la Suprema Corte es definir cuál de los juzgados es el competente: el militar o el ordinario.

Después, la discusión se estacionó en saber si el comandante acusado de encubrimiento estaba o no en servicio a la hora de cometer el ilícito.

Aquí la puntilla la puso el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien hizo levantar más de una ceja cuando puso en duda la calidad de franco del acusado y sugirió que el delito se puso haber cometido estando el subcomandante en servicio.

“Lo que nos informa el proyecto me suscita dudas muy marcadas. Se dice: se colige que estaba franco, porque él dice que no tenía una misión específica ese día. Que hubo instrucción superior en el sentido de que el que no tuviera una orden específica o misión específica, podía considerarse con franquicia.

“Yo me pregunto ¿en el Ejército Mexicano para estar franco se necesita o ley u orden por escrito? No es que alguien lo diga: estoy franco. Y aparentemente el inculpado hace esa manifestación: yo estaba franco.

Tampoco se determina si está de servicio o no por el hecho de que tenga uniforme o no tenga uniforme, añadió Aguirre Anguiano.

“En este caso se encontraba, según todo indica, dentro de instalaciones militares, con un pantalón negro y una camisa de no sé qué color, lo cual no era el uniforme.

“Pero el no tener uniforme un militar dentro de las instalaciones militares, ¿lo libera o lo determina como fuera del servicio militar o del disfrute de la franquicia? Pues yo pongo en duda esta situación, a los militares yo los he visto en la faena, con sudaderas, con overoles, con máquinas de podar árboles o césped; son militares que están en funciones y en servicios militares dentro de un cuartel, entonces, yo estimo que no existe prueba alguna de que este señor militar estuviera fuera del servicio o gozando de alguna franquicia”.

La ministra ponente, Sánchez Cordero, respondió que en el expediente había una circular donde expresamente se estableció que ese día estaba fuera de servicio.

Al final, este asunto se resolvió con dos pronunciamientos torales: la restricción del fuero militar y la declaración de competencia del caso para los juzgados del estado de Morelos.

Fabricantes de pruebas

El segundo asunto discutido y resuelto por los ministros del pleno fue el conflicto competencial 60/2012 suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, y el Juzgado Militar, adscrito a la Quinta Región Militar.

El proyecto de resolución también tocó elaborarlo a la ministra Sánchez Cordero, quien en la sesión del lunes 13 de agosto introdujo que este conflicto competencial está relacionado con una causa penal instruida en contra de tres militares por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas.

“De los antecedentes que se desprenden de los autos de la causa penal instruida en contra de tres miembros activos del ejército mexicano, se pone de manifiesto que con fecha veintinueve de marzo del año dos mil once, dichos indiciados presentaron ante el agente del Ministerio Público de la Federación en turno, con sede en Morelia, Michoacán, una denuncia por medio de la cual pusieron a su disposición un determinado vehículo, aseverando que en su interior se localizó un costal de yute color blanco, conteniendo el estupefaciente conocido como marihuana, relacionando con el hallazgo del enervante a un civil del sexo masculino”, citó la ministra.

Sin embargo, añadió, los hechos asentados en la denuncia resultaron no ser ciertos, pues el vehículo fue localizado en el interior del domicilio de una persona de sexo femenino, en tanto que otra persona también de sexo femenino resultó ser la propietaria del automotor, las cuales para demostrar su dicho exhibieron un disco compacto con un video y audio, que al ser analizado resultó no estar editado y en el que se observó personal militar, así como una camioneta blanca.

“Por tales hechos, el agente del Ministerio Público Militar Especial, adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar, el veintiuno de enero del año dos mil doce, ejercitó acción penal en contra de aquéllos, solicitando en consecuencia el libramiento de la orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de falsedad en declaraciones judiciales, y en informes dados a una autoridad en su modalidad de simulación de pruebas, previsto y sancionado por el artículo 248 bis del Código Penal Federal, en relación con los artículos 57, fracción II, inciso a), y 58 del Código de Justicia Militar”, expuso.

Sin embargo, el juez militar que conoció el caso declinó la competencia y la envió al un juez federal, el cual hizo lo propio.

El planteamiento de la ministra ponente fue que dicho asunto debería enviarse al juzgado federal en turno para su resolución.

“En mi opinión, dijo la ministra ponente, no es correcto estimar que un delito del fuero civil se convierta en militar por el hecho de ser cometido por un miembro de las fuerzas armadas porque ello convertiría al fuero de guerra en un privilegio y en un sistema punitivo parcial en detrimento del principio de igualdad ante la ley y del principio de división de poderes, que establecen que las penas sólo las puede imponer el juez ordinario de acuerdo con el artículo 21 constitucional”.

En su mayoría, los ministros apoyaron el planteamiento de la ponente, pero estuvieron en desacuerdo con los argumentos que ésta esbozó para llegar a él.

El tercer asunto se comenzó a debatir durante la sesión del pasado jueves 16 de agosto y se espera reanudar este lunes 20. Tiene que ver directamente con el amparo en revisión 133/2012, promovido contra actos del presidente de la república y otras autoridades.

El fondo será dilucidar si los familiares de un desaparecido o asesinado por las fuerzas amaradas pueden considerarse también víctimas y reclamar lo que en derecho proceda.

Por lo pronto, la ministra ponente Sánchez Cordero, ya se acogió a lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana sobre privilegiar los derechos de las víctimas, mismos que la propia Suprema Corte se comprometió a salvaguardar.

“… el Tribunal ha señalado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de sus familiares no sólo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones, o cualquier otra diligencia con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos”, esbozó.

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